30 años de Ayuntamientos democráticos

En este 2009 que agoniza los Ayuntamientos democráticos han cumplido 30 años. Una generación ha crecido y se ha desarrollado en la normalidad democrática. Todo un lujo del que no disfrutamos los que crecimos en la dictadura y aún tenemos asignaturas pendientes que nunca podremos aprobar porque nunca volveremos a ser jóvenes. Estos cumpleaños vienen bien para que las nuevas generaciones conozcan que los mayores, cuando tenían su edad, vivieron en un mundo en el que no existían las libertades que hoy se tienen, que los alcaldes no los elegían los ciudadanos, sino que los ponía y los quitaba el dictador Franco, que las protestas y reivindicaciones se reprimían duramente, que los movimientos vecinales y sindicales se tenían que enmascarar porque estaban prohibidos, de los partidos políticos ni hablamos. Que la práctica de estas actividades se castigaba con la cárcel y alguna que otra paliza.

Por eso es explicable la ilusión y las ganas de cambiar las cosas con las que llegamos los que tuvimos el privilegio de formar parte de los primeros gobiernos municipales democráticos. Los Ayuntamientos hicieron realidad las expectativas de la población, realizaron una gestión transparente, acercaron el poder a los ciudadanos creando cauces de participación, destinaron más recursos a quien más los necesitaba, modernizaron el entramado burocrático y clientelista de la administración, frenaron procesos urbanísticos especulativos, como el que habían diseñado en Córdoba para los terrenos de RENFE, planificaron el territorio de manera que hiciera el crecimiento de la ciudad más ordenado y más rentable para toda la ciudadanía y no para unos pocos privilegiados, establecieron una relación más cercana al ciudadano, hicieron ver que el Ayuntamiento no era el palacio del señor, sino la casa de todos. En definitiva, la democracia se hizo visible, en gran medida, gracias a los Ayuntamientos.

Hace 30 años la mayoría de los Ayuntamientos tenía el dinero justo para sobrevivir, y algunos lo justo para pagar las nóminas de los funcionarios. En ese aspecto no han cambiado, continúan con la misma asfixia económica. Es cierto que los presupuestos que manejan nada tienen que ver con los de entonces, pero hoy prestan muchos más servicios y de más calidad. Precisamente por su proximidad a los ciudadanos, éstos les han reclamado la solución a problemas que no son de competencia municipal, y los Ayuntamientos han dado respuesta, en base a la vaguedad con que la Ley define sus obligaciones y también por la voluntad política de actuar ante la lentitud o inhibición de las Administraciones competentes, con lo que se ha ido ampliando la prestación de servicios, mientras que los recursos no han aumentado de la misma manera. Esta situación ha sido denunciada por los Ayuntamientos en forma reiterada en estas tres décadas sin obtener una respuesta por parte de los distintos Gobiernos, más preocupados por fortalecer a las Comunidades Autónomas.

La solución a este conflicto crónico que padecen los Ayuntamientos pasa por que se les reconozca que forman parte del Estado, como las Comunidades Autónomas o el Gobierno de España, aunque sean el eslabón más débil, y que, por tanto, cualquier solución a su financiación pasa por la definición clara de sus competencias. El problema estriba en que el establecimiento de estas competencias ahora depende de la voluntad política de cada Comunidad Autónoma, porque les fueron transferidas y figuran en sus distintos Estatutos de Autonomía. Para que no nos encontremos con distintos tipos de Ayuntamientos según la Comunidad en que estén hace una falta una nueva Ley de Bases de Régimen Local, que regule esta situación, con carácter general, para todo el Estado.

El Gobierno de la Junta de Andalucía se ha adelantado y ha presentado una Ley que regula la autonomía municipal y la financiación de los Ayuntamientos en función de sus competencias. Esta Ley ha sido consultada y debatida con la Federación Andaluza de Municipios. Si se desarrolla y se aplica correctamente. podría ser el punto final a la transición democrática municipal.