Caridad y justicia

En estos días diversas ONG, instituciones, entidades y colectivos ciudadanos intensifican sus campañas de recogida de alimentos, ropa, juguetes y enseres para repartirlos entre los que no tiene nada  que cada vez son más y están más necesitados. Es una tarea solidaria loable y digna de ser reconocida. Se trata de intentar reequilibrar las injustas diferencias de renta, cada vez mayores y más profundas, provocadas por los poderes económicos, ideológicos y políticos que nos gobiernan. La pregunta es: ¿Puede la sociedad suplir al Estado en su deber de reequilibrar los recursos que un país produce? Esa es precisamente la ideología de la derecha, es decir, hay que impulsar la solidaridad caritativa entre los ciudadanos para que entre ellos se apañen para repartirse lo que tienen, naturalmente los que quieran hacerlo. Los que más tienen, los que poseen grandes fortunas, no sólo no son solidarios sino que evitan pagar los impuestos que les corresponden.

Desde una ideología progresista solamente desde los poderes del Estado se puede conseguir la justa distribución de los bienes. Esto es lo que ha dado lugar al Estado del Bienestar, que tanto molesta a la derecha y que está desmontando a marchas forzadas para sustituirlo por la caridad social. Conviene que en la izquierda no se enreden y confundan los actos solidarios caritativos con la justicia social. Es una cuestión de principios.

       Columna en la SER.

          16-12-2013

Una mirada a la nueva Ley de Administración Local

Como se enuncia en el artículo primero de nuestra Constitución “la soberanía nacional reside en el pueblo” por lo tanto dar, en el ejercicio del poder, una  participación a los ciudadanos  es el principio  en el que se fundamenta  la democracia. Pero para que esto sea efectivo se necesita acercar lo más posible al ciudadano los organismos de decisión y gestión. En definitiva aplicar el principio de subsidiariedad, tal y como se definió en el Tratado de la Unión Europea de 1992.

Los ayuntamientos han venido reivindicando, desde que se constituyeron democráticamente en 1979,  tener un mayor protagonismo en competencias y una adecuada financiación para poder desempeñar ese papel que los define como la administración más cercana a los ciudadanos. Pero las administraciones central y autonómica han ejercido su capacidad normativa de una forma cicatera, hurtándoles capacidad de decisión y recursos. La presión reiterada de los poderes locales por ampliar sus competencias desembocó en la promulgación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 impulsada por el gobierno socialista, seis años después de que se constituyeran los Ayuntamientos democráticos, y define un abanico de competencias, muchas de ellas inconcretas y dependiendo de lo que regularan las Comunidades Autónomas. No obstante los Ayuntamientos se lanzaron a decidir y gestionar asuntos que le demandaban los ciudadanos, con los escasos medios de que disponían, así surgieron programas municipales de servicios sociales, atención a drogodependientes, prevención de la delincuencia, escuelas infantiles, centros y actividades culturales, instalaciones deportivas, promoción turística y un largo etcétera, a los que la legislación daba cobertura aunque no recursos. La Ley de Financiación de las Haciendas Locales se promulgó cuatro años después y fue absolutamente insuficiente.

El movimiento municipalista, movilizado en torno a la Federación Española de Municipios y Provincias, dónde se integran miembros de todos los partidos políticos, siempre luchó por una mejor financiación, y no sólo no renunció a sus competencias sino que las amplió al máximo que la ley le permitía y en defensa de estos principios se enfrentó a gobiernos de turno. El resultado fue que los ayuntamientos hicieron creíble la democracia a los ojos de la ciudadanía, pero el resto de administraciones los han mirado siempre con desconfianza y han ejercido un tutelaje que ha menoscabado su autonomía. Para decir toda la verdad fue con los gobiernos socialistas cuando se tuvo en mayor consideración a los municipios y cuando se promulgaron las leyes vigentes que han dado lugar a que los ayuntamientos adquirieran un papel más relevante en la solución de los problemas de los ciudadanos…hasta ahora.

El proyecto de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado al Parlamento el Gobierno del PP, no se anda con ambages y ya de desde el propio enunciado declara sus intenciones, que define de forma clara y rotunda en la exposición de motivos: recortar las competencias, le llaman clarificar; establecer un férreo control económico, le llaman sostenibilidad; adelgazar su estructura organizativa, le llaman racionalizar; favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, textual; fortalecer a las diputaciones, que asumirán competencias de los municipios, le llaman economía de escala. Su eje principal es reducir las dimensiones del sector público local, controlar su actividad y racionalizar su organización, textual.

 Sus principios quedan muy claros, son los que siempre ha defendido la derecha, disminuir la autonomía municipal,  adelgazar su capacidad política y reducirlos a la gestión de servicios básicos. La excusa para ello ha sido la reducción del déficit público y establecer medidas para atajar el descontrol de las economías municipales. Según datos del Ministerio de Hacienda, en el pasado 2011 el déficit público fue sobrepasado por la Administración Central en un 0,30 %, las Administraciones Autonómicas en un 1,64 % y las Administraciones Locales en un ¡0,08 %! Lo que representa un 3,19 % del total del déficit público. Queda meridianamente claro que no es la cuestión económica el objeto de esta Ley, sino menoscabar seriamente la autonomía local. 

     ASOCIACIÓN CÓRDOBA FUTURA

Las primarias es lo de menos

El repentino anuncio de Griñán de que no repetirá como candidato en las próximas elecciones andaluzas ha tirado una piedra al charco de la política andaluza. No es que sea una sorpresa su decisión porque desde que Chaves designó a Griñán como sucesor se sabía que era una solución de transición que tenía como objetivo propiciar un relevo con nuevas caras, un nuevo empuje y, tal vez, una nueva política. Lo que ha sorprendido ha sido el momento en que lo ha hecho. Es la segunda vez que un líder del PSOE sorprende con una decisión de este calado. El relevo de Chaves por Griñán ocurrió de la misma manera: anuncio sorpresa, reunión urgente del Comité Director del Partido y nombramiento exprés. No se dio tiempo para manifestar discrepancias en el seno de la organización. Ahora el proceso se repite, con la variante de que en este caso se necesita de unas primarias para ser legal. La designada es Susana Díaz, Consejera de Presidencia, pero esta vez el procedimiento exige neutralidad por parte de la dirección para garantizar que cualquier militante pueda ser elegido. Hasta ahora ha surgido la candidatura de Luis Planas, pero no pasa de ser una  anécdota que legitima el proceso. La rapidez con que se ha diseñado el relevo dificulta la aparición de alguna alternativa seria y organizada que emborrone el paisaje.

El panorama de liderazgo en las fuerzas políticas andaluzas está en proceso de revisión. El anuncio de Diego Valderas de no repetir como candidato a Coordinador de IU ha propiciado la renovación, dando paso al lucentino Antonio Maíllo, elegido en la XIX Asamblea de IUCA, y ha tenido como primer gesto  desprenderse del chantaje permanente de la CUT de Sánchez Gordillo. Eso significa que quiere llevar a la organización por el camino emprendido el pasado año cuando asumió la responsabilidad de incorporarse al Gobierno de Andalucía. Esa línea política le está dando importantes réditos entre el electorado de la izquierda.

La nueva marcha de Arenas después del enésimo fracaso electoral en Andalucía generó una crisis en el PP andaluz que se resolvió nombrando Presidente al Alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que desde el principio no ha manifestado demasiado entusiasmo por desempeñar el cargo, porque lo que de verdad le apetece es ejercer de Alcalde, así lo ha manifestado en varias ocasiones. Otro candidato de compromiso y sin futuro. Desde hace tiempo el PP andaluz anda dando vueltas a la sustitución de Zoido, se anuncian varios candidatos pero aún no existe un pronunciamiento por parte de Rajoy, Cospedal o Arenas. Ya se sabe que el PP resuelve estos asuntos por nombramiento y no por elección de sus bases.
De no producirse estos movimientos, el electorado andaluz se podría haber encontrado con que tendría que elegir entre tres candidatos “provisionales”, sin ilusión en sus apuestas de futuro. Lo que le faltaba a la credibilidad de la política.

En este paisaje es donde hay que encuadrar los movimientos de los partidos. Por tanto, lo que prima en el PSOE no es que la elección del candidato se realice mediante un proceso que respete la posibilidad de debatir entre los militantes y simpatizantes qué tipo de políticas tendría que hacerse y en función de eso, qué candidato es el mejor preparado para llevarlas a cabo. No se trata de eso, se trata de adelantarse al PP en la maniobra y considerando que un proceso electoral, por mucho que se simplifique, es más lento que la designación directa, hay que darse toda la prisa que se pueda. De esta manera podemos tener a final de mes el nombramiento de candidata del PSOE. Por su parte el PP tendrá que darse prisa en hacer lo propio y es posible que a final de julio tengamos designado también al candidato de la derecha.

El resultado de todo esto es que Griñán manda un mensaje a los socios de gobierno: nada de chantajes en la confección del próximo presupuesto porque ya puede disolver el Parlamento cuando quiera y a IU le conviene ganar tiempo para hacerse notar más en el Gobierno y establecer una red más firme en el territorio andaluz, es decir, ha fortalecido el lado más débil del PSOE que era su futuro liderazgo. De camino obliga a acelerar el proceso de renovación en el PP lo que provoca el endurecimiento de las luchas internas y a eso hay que añadir las sempiternas dudas de Rajoy.

El llamado “sector crítico” del PSOE-A se ha quejado de que los pocos días que se han dado para presentar candidatos y la necesidad de recoger 7.000 avales hacen prácticamente imposible propiciar un debate abierto con la sociedad, que es lo que el Partido necesita en este momento más que nunca. Y llevan razón, no hay tiempo para hacer política de verdad, la que recoge las opiniones de la gente, la que da soluciones a sus problemas, en definitiva la que dialoga con la sociedad, la que hace creíble a la política. Pero ahora no toca eso, ahora el camino es otro, se trata de frenar al adversario y recuperar la hegemonía política mediante la estrategia, y no por el liderazgo social, eso queda para otra ocasión.

En definitiva, los andaluces nos encontraremos a la vuelta de vacaciones con dos caras nuevas, presumiblemente tres, que tratarán de hacerse visibles y simpáticos para ganarse nuestro apoyo y lo que es más importante, nuestro voto. La política de siempre.

La carrera política

Para ejercer la política como cargo público no se exige titulación alguna, ni tener un currículo académico, ni un estudio psicotécnico, ni tan siquiera un test de idoneidad. La designación para ocupar un cargo público o figurar en una lista electoral se rige por otros parámetros que deberían ser, fundamentalmente, la firmeza de las ideas políticas que se tienen que defender, la trayectoria que se ha tenido de trabajo político en instancias ciudadanas, la valoración que se tiene por parte de la sociedad y contar con la preparación y los conocimientos necesarios para llevar a cabo su tarea.

Pero esto no es así, o no es siempre así. Ocupar un cargo de responsabilidad política se ha convertido para muchos en un objetivo que hay que alcanzar como sea. Y es aquí donde empieza la perversión de la política, donde se producen las luchas internas por hacerse con el poder, donde se conquistan voluntades, donde se pliegan los principios que pueden resultar molestos. Se prioriza el bulo que ataca al rival frente al análisis y la propuesta, la fidelidad al líder frente a la capacidad política, el dirigismo frente a la democracia y a la libertad de ideas. Todo esto produce el distanciamiento de los problemas de la gente y  desemboca en que el objetivo de alcanzar el poder se convierta en el fin último y no en lo que debería ser, un instrumento para mejorar la sociedad. Con frecuencia se olvida que los partidos políticos deben servir para canalizar las inquietudes ciudadanas y  que son “instrumento fundamental para la participación política” (Art. 6 de la Constitución).

Aunque esta manera de funcionar ha sido siempre más o menos así, es ahora cuando la necesidad acuciante de buscar soluciones para resolver el gravísimo conflicto en que nos encontramos deja al descubierto las vergüenzas de su comportamiento.

Esto, que afecta a todos los partidos, es especialmente grave para los de la izquierda. La derecha la mueve, como siempre,  el poder económico, que ejerce presión para que le garantice la defensa de sus intereses. La prueba la tenemos en los efectos que han producido en la sociedad. Han empobrecido a amplias capas sociales mientras que han enriquecido y protegido a la minoría que detenta ese poder económico. Esa es la conclusión a la que llega el Informe de la Desigualdad en España que ha elaborado recientemente la Fundación Alternativas.

En estas circunstancias la desesperación de la ciudadanía con los partidos políticos es comprensible, aunque la generalización sea injusta. Lo cierto es que los estudios demoscópicos señalan de forma reiterada la opinión de la sociedad de que los partidos  no cumplen con su misión y han llegado a convertirse en el segundo mayor problema, después de la economía. Esto es gravísimo en un sistema democrático.

Se impone, por tanto, una reflexión profunda que han de hacer los responsables de los partidos para reconducir esa desafección, lo que no se puede llevar a término si no se hace partícipe a la sociedad y si no se está dispuesto a introducir cambios profundos que modifiquen sustancialmente su funcionamiento, porque lo que los ciudadanos están reclamando es que quieren verse representados por personas cuya prioridad sea hacer frente al poder económico que les está machacando sin piedad.

Abrir los partidos a la sociedad es una necesidad urgente que requiere osadía, firmeza, romper con clichés deformados, poner en práctica nuevas formas de relacionarse que hagan más efectiva la participación ciudadana y olvidarse de algunas “razones de Estado” que la razón del común no entiende. O se hace así o los ciudadanos buscarán otras alternativas en aventureros populistas que conducen al desastre. La solución urge porque la ciudadanía está llegando a límites de sufrimiento que no imaginaba que pudiera soportar. 

Desahucios

¿Por qué al Partido Popular le ha sentado tan mal el decreto de la Junta sobre los desahucios? ¿Acaso no es su obligación resolver una injusticia sangrante que arroja a la calle  a la gente y le quita un derecho fundamental como es la vivienda? ¿Acaso una sociedad puede soportar sin inmutarse que haya cien mil  viviendas vacías y que decenas de miles de familias no tengan techo? ¿Puede el Partido Popular tener el descaro de decir que la medida adoptada por la Junta es populista? ¿Es posible que desde el Partido Popular descalifiquen la medida con la obviedad de que el problema hay que resolverlo a nivel del Estado? ¿Y por qué no lo han hecho ya?

Descalificar esta medida con argumentos tontos indica una cosa: les ha dolido que desde la izquierda se demuestre que los problemas se pueden resolver sin sacar los pies del tiesto. Lo más importante y lo que más teme esta derecha es que el Gobierno de Andalucía haga políticas diferentes que ayuden a la gente que más lo necesita, que haga políticas que ayuden a crear una sociedad más igual. Eso les deja desnudos ante la gente, les descubre sus mentiras y se quedan sin respuesta. 

(Comentario en la SER)

La noche más oscura

La última película de Kathryn Bigelow, ha provocado un cierto escándalo  entre los que en EE. UU. dicen defender la libertad, la democracia y los derechos humanos, por más que pretendan implantarlos invadiendo países a bombazo limpio. Una postura farisea que han capitaneado tres senadores instando a la CIA a que diga si suministró información reservada a Kathryn Bigelow y a su guionista Mark Boal para hacer la película. No les importa que los agentes torturen a los presos, les importa que se sepa.

Sin duda los espías americanos de la CIA se han ganada una merecida fama de asesinos sin escrúpulos, labor para la que han sido debidamente entrenados con técnicas muy especializadas para convertirlos en máquinas de matar y de hacer daño a los “enemigos de EE.UU.”. ¿Pero quién decide cuáles son esos enemigos? Es decir, ¿quién manda torturar y matar? Esa es la gran diferencia que existe entre La noche más oscura y las anteriores películas que guardan relación con la CIA.

Hasta ahora el comportamiento asesino y despiadado de los agentes del servicio de inteligencia norteamericano aparecía en el cine como el de personas que actuaban por su cuenta y eran castigadas después por la propia institución, o bien porque eran entrenados en secreto por algún directivo sin que los responsables políticos tuvieran conocimiento de ello.

En El Informe Pelícano, a una pregunta del Presidente de EE.UU. sobre los rumores del asesinato de dos magistrados del Supremo por agentes de la CIA, un asesor le responde “Señor Presidente, no haga preguntas”.

En la saga de Bourne, el agente es reclutado por un programa secreto, llamado Treadstone, que pone en marcha un alto ejecutivo de la Agencia, y que lo convierte en un asesino al servicio de sus intereses particulares, hasta que otra alta ejecutiva descubre la operación y, con el respaldo de la dirección, acaba con “el malo”.

Estos son dos ejemplos, hay muchos más, que demuestran dos cosas: la primera es que se reconoce que el trabajo que realizan los servicios de inteligencia no siempre tiene que ver con los derechos humanos, es más, la ignorancia de esos derechos es su forma de actuar. Y la segunda es que intentan aislar al poder político de esas actuaciones, son hechos aislados que escapan al control de los responsables de que se cumpla la legalidad.

La noche más oscura nos cuenta las actuaciones que llevó a cabo la CIA durante diez años hasta dar con el paradero de Osama Bin Laden, el asalto a su vivienda y su muerte. Aquí no existe ningún agente “descontrolado”, ni ningún dirigente que actúe por su cuenta. Las órdenes políticas que reciben son imperativas, urgentes y con licencia para emplear todos los procedimientos necesarios –lo de la libertad y los derechos quedan para otra ocasión. No se trata de aplicar la justicia, es pura y simplemente una venganza, en el convencimiento de que esta vez el pueblo norteamericano “no hará preguntas”, dada la singularidad del caso y el trauma que provocaron los terribles atentados del 11-S.

Por primera vez una película norteamericana nos presenta las cárceles secretas de la CIA y las torturas a las que eran sometidos los presos islamistas. Y nos lo presenta con una gran asepsia narrativa, no comenta, no hay una valoración moral, simplemente describe los hechos y presenta a los personajes sin maniqueísmos.  

Los medios de comunicación dieron a conocer la existencia de las cárceles secretas, hemos oído hablar de las tristemente famosas Abu-Ghraib en Irak, Bagram, Jalalabad o Asadabad en Afganistán, y sobre todo Guantánamo. Los famosos vuelos secretos de la CIA trasladando prisioneros sin la menor garantía jurídica pusieron en aprietos a varios gobiernos, entre ellos al de España, porque ya no se podía mirar para otro lado.

Las barbaridades impunes y las torpezas cometidas por los agentes de la CIA ya quedaron expuestas en la magnífica película inglesa Camino a Guantánamo de Michael Winterbottom y Mat Whitecross (2006), en la que se cuenta cómo cuatro jóvenes británicos de origen paquistaní van a su país de origen por la boda de un amigo, fueron capturados por la CIA, trasladados a Guantánamo y torturados durante más de dos años y después puestos en libertad sin cargos.

Cuesta pensar que Bigelow ha hecho esta película, muy bien por cierto, en contra de los intereses de los organismos oficiales responsables. Ella ha manifestado que no tuvo acceso a ningún archivo reservado, y una vez vista la película se deduce que no hacía ninguna falta, simplemente ha dramatizado y ordenado en el tiempo el largo proceso de investigación y los métodos que se utilizaron que eran ya de sobra conocidos. Es de agradecer que en este caso no haya ocultado los más brutales. El film de Bigelow es una excepción en el tratamiento que el cine norteamericano dedica a las películas de sus espías porque aquí se puede “comprender” que el fin justifique los medios.

La noche más oscura me ha parecido una película excelente y honesta en la que su directora demuestra una gran capacidad cinematográfica con un gran sentido del ritmo, de la narración y de la dirección de actores; sobresaliente la interpretación de Jessica Chastain.