Una solución al Centro de Congresos

 El poder político en democracia tiene que establecer cauces de diálogo con la sociedad en los asuntos que afectan a toda la ciudadanía. Y esto es especialmente inexcusable cuando se produce a nivel local donde el Ayuntamiento tiene la obligación de liderar, no imponer, soluciones a los problemas ciudadanos de interés general. Sin duda el debate de estos días sobre el Centro de Congresos tiene mucho que ver con este principio democrático. Con la decisión de llevar este Equipamiento a un edificio privado, con graves deficiencias estructurales, en las afueras de la ciudad, en una zona industrial y mal comunicada, el Gobierno de la ciudad  ha roto un consenso político, institucional y social que se había producido en torno a su ubicación en Miraflores y lo ha hecho sin justificación y sin apoyos, provocando la reacción de importantes estamentos sociales y vecinales que no entienden a qué obedece  esta decisión repentina y arbitraria que incumple el Modelo de Ciudad que todos nos hemos dado y que concitó la unanimidad política y ciudadana. 

Aunque en estos días se ha hablado abundantemente de las razones por las que se eligió Miraflores como lugar idóneo del Centro de Congresos, no está de más señalar algunas; tiene una buena accesibilidad; está próximo a los principales recursos turísticos, culturales y paisajísticos, en particular al Eje Monumental de acceso a ciudad histórica Patrimonio de la Humanidad; contribuye a la regeneración de la margen izquierda del río y al equilibrio norte-sur de la ciudad. Estas y otras más son cualidades que ninguna otra ciudad puede ofrecer y que lo hacen más atractivo para el turismo de Congresos, lo que nos permite ser más competitivos en este sector frente a las ofertas de otras ciudades. Es decir, no es fruto de un capricho ni de un mal sueño, sino la conclusión de un trabajo de mucho tiempo, de mucha conversación y de escuchar opiniones de mucha gente.

 Ahora la Junta de Andalucía propone ampliar el actual Centro de Congresos como solución “provisional”. Esta propuesta parece haber concitado un principio de consenso entre instituciones y sectores sociales. Eso supone enterrar el debate porque nadie  cree que, con esta actuación, se pueda  construir uno nuevo en muchos años. Esta es una solución que ya hemos aportado  en escritos anteriores. Aunque conviene hacer un par de consideraciones. La primera es que la actuación que se lleve a cabo se haga con proyección de futuro, eso significa que se piense no sólo en la ampliación  sino en modernizar sus infraestructuras. La intervención tiene que definirse de manera muy rigurosa puesto que se actúa en un edificio protegido y cualquier solución no cabe.

Si el proyecto de Koolhaas  para el Centro en Miraflores se demostrara inviable, se debería encargar otro nuevo mejor dimensionado y acorde con las necesidades y recursos de la ciudad. La solución que aporta la Junta de Andalucía permite pensar con calma la solución definitiva en Miraflores.

Publicado en el DIARIO CORDOBA

15 euros de jamón, 4 años de cárcel

Esa es la noticia que saltó a los medios hace unos días: una mujer en Córdoba intentó sacar de un supermercado, sin pagar, unas bandejas de jamón por importe de 15 euros. El fiscal pide para ella una pena de cuatro años de prisión. Esta noticia nos hubiera espantado si no tuviéramos ya saturada nuestra capacidad de asombro, pero nos hace reflexionar sobre las injusticias que están padeciendo la inmensa mayoría de la sociedad.

 En un intento por comprender la situación que atravesamos nos hemos reconvertido en economistas. Nos hemos acercado a los conceptos de la macroeconomía, a su lógica, a su lenguaje. Pero nos han mareado con sus cifras y sobre todo con la utilización tan dispar que se hace de ellas, según quién las maneje y los intereses que defienda. Y lo que es peor, el Gobierno del PP ha sacudido su responsabilidad y nos ha remitido a entes sin rostro, Bruselas, los Mercados, los inversores. Y lo hemos aceptado sin más, incluso Rajoy nos dice que está haciendo cosas que no le gustan, que son contrarias a su programa electoral, en un intento de despertar en nosotros la comprensión a su actitud, incluso inspirarnos un poco de compasión, él es sólo un mandado. Pues bien, la cosa es sencilla, si no le gusta lo que hace, que dimita y convoque elecciones. Eso es lo que haría un político con ética y decencia.

Como los que nos gobiernan no son esa clase de políticos, nos empujan a navegar en ese mar de mentiras y confusión en el que nos han metido para que no podamos acercarnos a la verdad de lo que está pasando. Por eso no conviene caer en esa trampa y quedarnos con algunas verdades incuestionables:

-         Es un hecho incontestable que el Gobierno del Partido Popular aprovecha la crisis para  aplicar su ideología liberal-conservadora y atacar a fondo el Estado de Bienestar con recortes brutales en educación, cultura, sanidad y servicios sociales. Por otro lado han mantenido intactas las subvenciones y exenciones fiscales a la Iglesia, que naturalmente, guarda silencio ante el sufrimiento al que están sometiendo a las clases más necesitadas. Y avisan que aún no han terminado, cuando lo hagan estaremos peor que en la autarquía franquista.

-         Es un hecho que en los meses que llevan gobernando han dictado normativas “para luchar contra el desempleo”, que se han traducido en salvajes recortes de derechos de los trabajadores. Es un hecho que el desempleo ha ido en aumento y continuará creciendo. Sabían muy bien que esas medidas no crearían empleo, porque el mal económico que nos arrasa no está ahí, pero sí han conseguido el objetivo de  debilitar profundamente a una clase social que había conseguido el reconocimiento de esos derechos tras décadas de lucha.

-          Es un hecho que la banca ha sido la principal culpable de nuestra ruina actual. Sus directivos, con sueldos estratoféricos, han sido los responsables directos del saqueo que ha conducido a esta situación. Ahora nos toca a todos “rescatarlos”, tenemos que hacerlo los que somos las víctimas de su ambición, los que estamos apaleados por las medidas del Gobierno.  Y, que se sepa, a los autores “intelectuales” de este robo ningún fiscal los ha acusado, ni siquiera ha abierto diligencias para investigar responsabilidades.

Y en este cúmulo de atropellos e injusticias, una mujer que intenta llevarse sin pagar 15 euros de jamón, le piden ¡4años de cárcel! Seguro que el fiscal se ha apoyado en el Código Penal para hacer la acusación ¿Pero por qué no se  aplica también a los que nos han robado nuestra felicidad y nuestro futuro? ¿O es que para robar impunemente hay que ser presidente de un Banco con importantes amistades políticas?