NO SON DEMÓCRATAS

    

La democracia liberal que tenemos ordena y define nuestras relaciones y comportamientos en nuestra sociedad. Se sustenta, como todas las democracias, en una ley de la que emanan todas las demás que rigen nuestra convivencia. Se llama Constitución y fue aprobada por el pueblo español en 1978. En su contenido "propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político", (art. 1). En su artículo 2 define de forma clara que "la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".

En su artículo 66 dice que "las Cortes Generales REPRESENTAN al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado". En el apartado 3 del mismo artículo dice taxativamente "Las Cortes son INVIOLABLES",

Cuando las mentiras se quieren convertir en verdades, conviene empezar por el principio para no perderse en la basura en la que la derecha política, económica, mediática y judicial quiere convertir la convivencia de los españoles. Para aclarar la confusión en la que pretenden sumirnos, queda meridianamente claro que quienes mandamos somos los españoles que estamos representados en la Cortes Generales. Lo que estas aprueben es la ley de todos los representados, también para los que no les guste lo que se aprueba

Continúo con las verdades. Art. 81.2 " La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirán mayoría absoluta, en una votación final sobre el conjunto del proyecto". En la sesión del Congreso celebrada el día 15, la ley sometida a votación fue aprobada por 184 votos, 9 más que los 175 necesarios.

La derecha sabiendo que perdía la votación, interpuso, antes de que la ley se aprobara, un recurso sumarísimo y urgente ante el Tribunal Constitucional (en la que sus jueces tienen mayoría porque se niegan a renovar  a los que ya han cumplido mandato) para que ordenara parar el proceso que se estaba llevando a cabo, mediante una convocatoria urgente del Tribunal para tomar esa decisión, Los magistrados siguieron la voz de su amo y el pleno y la sesión se convocó, si bien no pudieron tomar una resolución porque también se interpusieron recursos por parte del PSOE y UP para frenar la del PP. Pero el lunes se vuelven a reunir para intervenir antes de que el Senado se pronuncie porque éste se reúne el jueves para debatir y en su caso aprobar la ley. 

Estamos ante una clara invasión de un poder que no está legitimado, nadie lo está, para impedir que los representantes del pueblo puedan cumplir con su función de legislar. Continuamos con la Constitución, art. 66.2 " Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado..." Si los magistrados propuestos por el PP deciden intervenir impidiendo  que la Cortes puedan cumplir con el mandato de la Carta Magna, alteran gravemente el orden constitucional y eso tiene un nombre, se llama GOLPE DE ESTADO.

El PP ha acusado al Presidente del Gobierno de ser "ilegítimo", Seguimos  con la Constitución, art. 99.3 "Si el Congreso de los Diputados por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros otorgare su confianza al candidato, el Rey lo nombrará Presidente". Esa mayoría la obtuvo Pedro Sánchez en dos ocasiones, en junio de 2018 y en enero de 2020 y en ambos casos fue nombrado Presidente por el Rey Felipe VI. ¿Dónde está la ilegitimidad? A no ser que no se nombró al Presidente del PP al que le corresponde por mandato divino. Pero eso no consta en la Constitución.  

Entre los muchos y variados argumentos que ha esgrimido el PP para negarse a renovar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que lleva caducado más de cuatro años, el último que ha dicho su Presidente Núñez Feijóo es demostrativo de sus intenciones, su negativa a la renovación es " para proteger el Poder Judicial del Gobierno de Pedro Sánchez". Es literal, no es broma.  Se erige en paladín...¿de qué? de los magistrados que le son fieles y que son mayoría. El colmo de esta locura es que sus 8 magistrados han emitido un comunicado tachando al Pedro Sánchez de "irresponsable". ¿Se puede ser más cínico?

No deja de ser una burla que violen el cumplimiento de la Carta Magna, cuando tendrían que ser los primeros en vigilar su cumplimiento. ¿Cómo pueden juzgar la constitucionalidad de una norma si los primeros que la incumplen son ellos?

A esta situación caótica nos ha conducido esta derecha. La democracia vale si ganan ellos, si no las leyes no valen. La razón de fondo es que no son demócratas, aún no se han desprendido del pelo dictatorial del franquismo. No tiene otra explicación. Esto es impensable que lo haga la derecha europea.

El poder económico, mediático y judicial que tiene la derecha es muy fuerte y está dispuesto a todo, esto requiere que los demócratas defendamos el sistema con todas nuestras fuerzas desde el puesto que tengamos en la sociedad. Como se puede ver el asunto es muy grave y nos jugamos que el sistema de derechos y libertades que nos dimos después de la dictadura, mantenga sus principios.

EL VALOR DE LA CONSTITUCIÓN

 

El día 6 se han cumplido 44 años desde que se aprobó nuestra Constitución. Cada día que pasa es más importante que recordemos ese momento y lo que supuso para nosotros y para el país. Conviene que las nuevas generaciones entiendan lo que significó este hecho en nuestras vidas y que el origen de las libertades de las que gozan se debió a un acuerdo político que se da pocas veces en la Historia.

Últimamente se ha escrito y comentado mucho sobre la transición política, se ha criticado el consenso que se alcanzó para hacerla posible y se ha resucitado en los extremos del arco político la crítica a los que protagonizaron aquellos difíciles momentos. Unos por la traición que supuso el suicido del régimen franquista, otros porque defienden que los partidos políticos de izquierda tuvieron una postura débil y que había que haber hecho una ruptura con el régimen anterior. Luego estamos los que defendemos que se hizo bien, dadas las circunstancias en las que se desarrollaron los acontecimientos y que crear un sistema democrático desde una dictadura sangrienta de 40 años de duración y hacerlo de una forma no traumática fue una acción sin precedentes. Recuerdo que se tomó como ejemplo en países americanos para realizar el paso sin traumas de dictaduras a democracias.

En el seno del PCE se produjo un debate sobre este asunto entre los partidarios de romper con todo lo anterior y los que defendíamos cambiar de forma pacífica integrando los miembros del régimen que quisieran aceptar las nuevas reglas de juego. Mucha gente de izquierdas tragó saliva y votó la Constitución con la nariz tapada. El paso del tiempo ha demostrado que la posición que se adoptó fue la acertada, aunque quedaron pendientes asuntos que aún colean y que, después de 44 años de democracia es necesario resolver. Sacar el cadáver del dictador del valle de Cuelgamuros y cambiar el significado del edificio es todo un símbolo para comenzar una etapa que entierre definitivamente aquella época sin que se provoquen reacciones violentas. Las leyes de memoria que se han promulgado por el Gobierno y las CC.AA, es otro paso en el camino de acabar definitivamente con ese pasado de ignominia y dar reparación a las familias que aún mantienen a sus victimas sin enterrar dignamente. Como era de esperar los herederos de los valores franquistas, VOX y parte del PP, se han opuesto frontalmente.

No se puede perder de vista que el resurgir de la extrema derecha y de sus valores no es un hecho exclusivo de España, se ha producido en muchos países de Europa dónde anidó el huevo de la serpiente y ahora mismo están gobernando en varios países de la UE como Italia, Hungría, Polonia y hasta en Suecia.

En 44 años nuestra sociedad ha cambiado mucho y que la madre de todas nuestras leyes necesita ponerse al día es una realidad, pero que no existen las condiciones para hacerlo también lo es.

Las circunstancias políticas actuales de confrontación son fruto de una posición del PP al no admitir que la izquierda pueda ponerse de acuerdo. Ha tachado al Gobierno actual de ilegítimo y no admite que, como en todas las democracias, los partidos políticos puedan acordar un programa y gobernar. Para desacreditar esta realidad democrática y constitucional utiliza sus muchos medios de comunicación afines y el control del Poder Judicial. (¿No es un escándalo que los propios jueces afines al PP impidan el cumplimiento de la Constitución?) Estas actitudes de negar en democracia la legitimidad de un gobierno, como también hace Trump y negarse a cumplir el mandato constitucional de renovar el poder judicial porque lo deja de controlar, no son actos democráticos. ¿Cómo se puede pedir a un partido que hace esto que se siente con todos los demás para consensuar una actualización de la Carta Magna, cuando sus actitudes son más propias de un partido antisistema?

En el fondo esto le importa un bledo, lo que pretende es obtener el Gobierno como sea, una postura que sintoniza más con un sistema dictatorial que con uno democrático.

En estas circunstancias hay que defender, de verdad, nuestra Constitución que nos garantiza un sistema de libertades que ha hecho que España avance en todos los sentidos, y denunciar con firmeza a aquellos que la incumplen porque demuestran lo poco que les importa. Habrá que esperar para reformarla hasta que se tapen las trincheras que han cavado los que consideran que españoles son solo ellos. Un concepto franquista.