Una mirada a la nueva Ley de Administración Local

Como se enuncia en el artículo primero de nuestra Constitución “la soberanía nacional reside en el pueblo” por lo tanto dar, en el ejercicio del poder, una  participación a los ciudadanos  es el principio  en el que se fundamenta  la democracia. Pero para que esto sea efectivo se necesita acercar lo más posible al ciudadano los organismos de decisión y gestión. En definitiva aplicar el principio de subsidiariedad, tal y como se definió en el Tratado de la Unión Europea de 1992.

Los ayuntamientos han venido reivindicando, desde que se constituyeron democráticamente en 1979,  tener un mayor protagonismo en competencias y una adecuada financiación para poder desempeñar ese papel que los define como la administración más cercana a los ciudadanos. Pero las administraciones central y autonómica han ejercido su capacidad normativa de una forma cicatera, hurtándoles capacidad de decisión y recursos. La presión reiterada de los poderes locales por ampliar sus competencias desembocó en la promulgación de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 impulsada por el gobierno socialista, seis años después de que se constituyeran los Ayuntamientos democráticos, y define un abanico de competencias, muchas de ellas inconcretas y dependiendo de lo que regularan las Comunidades Autónomas. No obstante los Ayuntamientos se lanzaron a decidir y gestionar asuntos que le demandaban los ciudadanos, con los escasos medios de que disponían, así surgieron programas municipales de servicios sociales, atención a drogodependientes, prevención de la delincuencia, escuelas infantiles, centros y actividades culturales, instalaciones deportivas, promoción turística y un largo etcétera, a los que la legislación daba cobertura aunque no recursos. La Ley de Financiación de las Haciendas Locales se promulgó cuatro años después y fue absolutamente insuficiente.

El movimiento municipalista, movilizado en torno a la Federación Española de Municipios y Provincias, dónde se integran miembros de todos los partidos políticos, siempre luchó por una mejor financiación, y no sólo no renunció a sus competencias sino que las amplió al máximo que la ley le permitía y en defensa de estos principios se enfrentó a gobiernos de turno. El resultado fue que los ayuntamientos hicieron creíble la democracia a los ojos de la ciudadanía, pero el resto de administraciones los han mirado siempre con desconfianza y han ejercido un tutelaje que ha menoscabado su autonomía. Para decir toda la verdad fue con los gobiernos socialistas cuando se tuvo en mayor consideración a los municipios y cuando se promulgaron las leyes vigentes que han dado lugar a que los ayuntamientos adquirieran un papel más relevante en la solución de los problemas de los ciudadanos…hasta ahora.

El proyecto de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local que ha presentado al Parlamento el Gobierno del PP, no se anda con ambages y ya de desde el propio enunciado declara sus intenciones, que define de forma clara y rotunda en la exposición de motivos: recortar las competencias, le llaman clarificar; establecer un férreo control económico, le llaman sostenibilidad; adelgazar su estructura organizativa, le llaman racionalizar; favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas, textual; fortalecer a las diputaciones, que asumirán competencias de los municipios, le llaman economía de escala. Su eje principal es reducir las dimensiones del sector público local, controlar su actividad y racionalizar su organización, textual.

 Sus principios quedan muy claros, son los que siempre ha defendido la derecha, disminuir la autonomía municipal,  adelgazar su capacidad política y reducirlos a la gestión de servicios básicos. La excusa para ello ha sido la reducción del déficit público y establecer medidas para atajar el descontrol de las economías municipales. Según datos del Ministerio de Hacienda, en el pasado 2011 el déficit público fue sobrepasado por la Administración Central en un 0,30 %, las Administraciones Autonómicas en un 1,64 % y las Administraciones Locales en un ¡0,08 %! Lo que representa un 3,19 % del total del déficit público. Queda meridianamente claro que no es la cuestión económica el objeto de esta Ley, sino menoscabar seriamente la autonomía local. 

     ASOCIACIÓN CÓRDOBA FUTURA