JUSTICIA POLÍTICA

 

La muerte por cáncer de la magistrada del Tribunal Supremo de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg, ha provocado una batalla política entre los demócratas y republicanos para cubrir su puesto. El marcado carácter progresista de la magistrada fallecida, especialmente su reconocimiento en la lucha por la igualdad de la mujer, la ha hecho muy popular y ha dado una impronta de progreso al alto tribunal. Su sustitución puede inclinar la balanza a favor de los conservadores republicanos.

Esto me ha traído a la memoria la película El informe Pelíkano de 1993, dirigida por Alan J. Pakula y basada en una novela de John Grisham. En ella dos jueces del Supremo son asesinados por estar a favor de la denuncia presentada ante el alto tribunal por un grupo ecologista que pretende  impedir una explotación petrolífera porque destruye una colonia de pelíkanos, una especia protegida.  Quien pretende explotar el yacimiento financia la campaña electoral del Presidente. La sustitución por dos jueces propuestos por el mismo Presidente, resolverían el problema porque la nueva mayoría  favorecería los intereses del magnate del petróleo.

La realidad y la ficción demuestran el papel tan importante que desempeña el Poder Judicial en una democracia y hasta dónde está dispuesto el poder político para controlarlo en beneficio de sus intereses.

En España, el Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial pese a que su mandato constitucional ha terminado hace ya dos años. Y lo seguirá impidiendo porque su situación política le dificultaría en la renovación mantener su mayoría conservadora  y además en unos momentos en los que se dirime por la justicia los numerosos casos de corrupción que le acosan.   Ya sabemos que controlan “desde atrás”, como dijo Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado.  Un escándalo que no se molestan en ocultar ni guardar las apariencias. De hecho en sus mayorías absolutas han controlado el Poder Judicial y han dilatado todo lo posible su renovación cuando pierden el poder. Su principal objetivo ahora es que puedan controlar  la Sala Segunda del Tribunal Supremo dónde desembocarán los casos de corrupción que les afecta. En estos momentos de los 13 magistrados, 11 son de tendencia conservadora y solo dos de la progresista. En el Tribunal Constitucional la composición es parecida, 4 magistrados de tendencia progresista y 8 conservadores. Se entiende perfectamente por qué el PP adopta la postura que ha empleado siempre de  negarse a renovar los miembros del Consejo desde una posición de debilidad porque dismuye su influencia en el Tribunal Supremo con lo que le espera por delante de juicios por los delitos de corrupción de su Partido, aunque esa postura signifique saltarse a la torera la Constitución que tanto dice defender. Casado sabe que si las sentencias que se produzcan condenan a sus compañeros y al Partido mismo, será un golpe durísimo cuyas consecuencias son imprevisibles. Algunos hablan ya de  disolver el Partido, como ya hizo Convergencia Democrática de Cataluña. Es demasiada la basura   que se acumula como para continuar como si no pasara nada. Eso es lo que está en juego, nada más y nada menos. Por tanto hasta que no tengan asegurada su mayoría nos podemos olvidar de la renovación del Poder Judicial. Algo parecido a esto es lo que pretende hacer Trump con el Tribunal Supremo de EE.UU., se ha dado toda la prisa del mundo en hacer la propuesta de  jueza al Senado, de mayoría republicana, sin esperar a que pasen las elecciones por si no sale elegido. De esta manera consigue una mayoría conservadora para muchos años, dado el carácter vitalicio de los jueces nombrados. Muy útil por si tiene que pasar por allí debido a sus trapicheos fiscales.

Los que luchamos por traer la democracia a este país, confiábamos en los pilares de sus valores, entre ellos, la independencia del Poder Judicial, garantía máxima de que los demás poderes se ajustaban a la ley. Éramos, al menos yo, unos inocentes románticos que nos creíamos que eso era posible. Después descubrimos, algunos en nuestras propias carnes, que la democracia no funcionaba como nosotros creíamos, que la venalidad, la ambición, la manipulación y los intereses económicos, no se daban solo en las películas de la mafia que veíamos,  también se dan en nuestra realidad. Y nos preguntamos ¿Dónde queda la independencia de la Justicia, el pilar que garantiza el funcionamiento del sistema democrático? ¿Es que la democracia solo se reduce a votar cuando nos mandan hacerlo? Debe ser algo más, mucho más. Lo principal es el respeto que deben tener los partidos políticos, sus líderes,  los responsables judiciales y la ciudadanía por el mejor funcionamiento de los mecanismos que la hacen posible. Es decir, hacer el sistema creíble, que se pueda confiar en la honradez de sus miembros y la lealtad a los principios. Seguramente eso es una utopía, pero es necesario recordarlo de forma periódica para no perder de vista lo fundamental, porque de lo contrario algunos políticos  se deslizan sin freno por el tobogán de la corrupción y la mayoría de las veces quedan impunes.

Los jueces, como cualquier ciudadano, tienen su ideología y su forma de ver la realidad pero en el ejercicio de sus funciones  deben ser  imparciales y además parecerlo. Una tarea difícil pero necesaria, para eso se supone que eligieron la carrera judicial. Es inevitable que los sentimientos de cada uno se inclinen por algunas determinadas tendencias políticas. Sobreponerse a ello y actuar con justicia es dónde reside su grandeza. Pero la realidad es que existen los que Luis Navajas, Teniente Fiscal, llama “contaminados ideológicamente”. No obstante es justo reconocer que ha habido actuaciones ejemplares de la profesionalidad de algunos de sus miembros. En cambio ha habido otros jueces que han dictado sentencias que han escandalizado a muchos ciudadanos por su tendenciosidad.

  Ahora surge un nuevo caso, la operación Kitchen. Hasta aquí la derecha nos tenía acostumbrados a las fechorías que hacían con el dinero público para enriquecerse, pero ahora conocemos que son capaces de utilizar el poder del Estado para destruir pruebas que podían implicar al Partido. Todavía no se han quitado el pelo de la dehesa franquista.

 En estos momentos el juez de la sala sexta de la Audiencia Nacional García Castellón, instructor del caso Kitchen, ha imputado (investigado) a un exministro del Interior, Jorge Fernández Diaz.  Según se ha hecho público, el exSecretario de Estado Francisco Martínez implica no solo al Ministro sino al mismísimo Mariano Rajoy, esto puede llevarle a imputar por primera vez a un exPresidente de Gobierno. Pero existen dudas de que pueda llegar a ese extremo.

 Este juez instructor posee unas características especiales. Magistrado de la Audiencia Nacional, fue  destinado por Ministros del PP como juez de enlace, primero en París y después en Roma durante 17 años. Una auténtica canonjía, en la que se cobra mucho y se trabaja más bien poco. En 2017 regresa voluntariamente a su plaza de juez titular del juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional para hacerse cargo de la instrucción de los casos Púnica, Lezo, Tandem y ahora la operación Kitchen, nada menos. En todos ellos están implicados miembros del PP. A eso se llama vocación, renunciar a un puesto boyante, muy bien remunerado para meterse de hoz y coz en un meollo judicial endiablado que amenaza al Partido cuyos ministros lo destinaron a esos puestos privilegiados y ansiados por muchos jueces. Esa situación puede suscitar dudas sobre hasta qué punto está dispuesto a llegar  al fondo del asunto y descubrir quién era ese M. Rajoy, que figura en los papeles de Bárcenas como beneficiario de remuneraciones opacas. En la instrucción de este caso se le veía como desganado, como forzado por las pruebas y las declaraciones de Francisco Martínez.

Pero, no ha tardado el Juez García Castellón en equilibrar la balanza. Al mismo tiempo que el Gobierno presentaba el Plan de Recuperación Económica, un programa de actuación para los próximos cuatro años, unas previsiones de vital importancia para el país y que diseña nuestro futuro, pide al Tribunal Supremo que impute al Vicepresidente del Gobierno por falsedad documental y una serie de acusaciones con durísimos calificativos para Pablo Iglesias. En su escrito se desmelena con un lenguaje tremendo, “torticero” “falsario”, como con rabia. Y lo envía al Supremo sin informe del fiscal, y basado en las vagas acusaciones de un abogado despedido de Podemos que no aportó pruebas. La sala Segunda del Tribunal Supremo le dijo hace unos días que “no hay pruebas que sustenten esos hechos” y que son “meras hipótesis”.

De repente aparca la investigación del caso Kitchen y entra con furor, sin venir a cuento, en un caso que ataca al Gobierno en el momento en que intenta lanzar un mensaje de optimismo cara al futuro y que tanto necesitamos en esta época de tristeza y contrariedad.

¿Suena mal, no? ¿A que se puede interpretar que lo hace para  desviar la atención de los casos de corrupción política y económica del Partido que le ha hecho favores? ¿A que suena a suministrar munición de grueso calibre al PP para atacar al Gobierno y ayudarle a posicionarlo en  la moción de censura que ha presentado VOX? Por desgracia no son dudas injustificadas, ya que el planteamiento es de lo más chapucero que se ha visto.

Es muy triste ver una vez más a los representantes de la Justicia maniobrar para favorecer los intereses de los de siempre, con el desprestigio que ello acarrea para la credibilidad de la Democracia.