NO SON DEMÓCRATAS

 

Los jueces que mayoritariamente han dictado la sentencia y han condenado al Fiscal General del Estado, no son demócratas.

Ya sabíamos que en en sector de la Justicia abundan los jueces que en sus actuaciones se comportan con una inclinación descarada a favorecer los intereses de la derecha. Los ejemplos no cabrían en este espacio. Los Hurtado, García Castellón, Marchena, Martínez Arrieta, Peinado, Biedma y un etcétera demasiado largo, son ejemplos que anteponen los intereses políticos a los judiciales, cuando debería ser al revés como corresponde a profesionales de la Justicia.

Es decir, no creen en en el orden constitucional al que deben el máximo respeto , más que todos los ciudadanos. No les importa la imagen que proyectan a la sociedad, ejercen su poder de forma descarada en beneficio de sus intereses y su ideología. Son políticos con toga y puñetas.

La democracia se basa en la división de poderes que señala la Constitución, legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno en el desempeño de sus competencias que también define la Carta Magna. La facultad que tiene el poder judicial de corregir los incumplimientos de miembros de los otros poderes, exige una responsabilidad en sus decisiones que debe ser muy justificada con argumentos y razonamientos que respeten los contenidos de la legislación vigente. Condicionar esos argumentos a sus intereses ideológicos y políticos expuestos de forma descarada supone una quiebra del sistema democrático. De ahí la gravedad de que los responsables de garantizar el estado de libertades actúen con parcialidad descarada, que antepongan sus ideología a su responsabilidad, demuestra claramente que están vulnerando el Estado de Derecho del que tienen la responsabilidad máxima de defender. Una traición muy grave que demuestra sin duda alguna que no son demócratas, que todavía están en los Tribunales del Orden Público de la Dictadura.

Desde el respeto al Estado de Derecho, los demócratas debemos expresar públicamente nuestro más absoluto rechazo a la sentencia del Fiscal General del Estado y a cuantas actuaciones vayan en la línea de no respetar nuestro ordenamiento constitucional.