¿ESTADO DE DERECHO?

 

La generación nacida años después de la Guerra Civil que padecieron los españoles por el golpe militar fascista, se educó en el franquismo y vivió todas las facetas que se fueron sucediendo en el transcurso del tiempo. En todas ellas había unas constantes: falta de libertad de opinión; censura rigurosa de publicaciones, películas y música; imposición de la Iglesia en todas las actividades (se exigía la partida de bautismo para ser funcionario y para otras muchas actividades); prohibición de reuniones sin autorización; un sistema educativo con unos programas de exaltación de los rancios valores tradicionales y tendenciosa con la historia de España; prohibición de publicaciones no autorizadas; policía que perseguía a los que se oponían al régimen; imposición de la pena de muerte que se estuvo aplicando hasta el final del de la dictadura; los miembros de la Cortes y los jueces eran nombrados en función de su mayor adhesión al Régimen; los alcaldes y gobernadores civiles los nombraba el Gobierno en razón a su fidelidad al poder político;  prohibición y persecución de la homosexualidad; una situación de la mujer subordinada al hombre limitada a ser madre y ama de casa. Más un largo etcétera de prohibiciones que hoy no se entenderían por las generaciones nacidas en la democracia. La ley imperante era Los Principios del Movimiento Nacional, ley fundamental del franquismo.

Todo esto cambió en diciembre de1978 cuando el pueblo aprobó la Constitución y formalmente comenzó la etapa democrática que hoy tenemos.

Es conveniente que en estos momentos convulsos recordemos lo que nos puede suceder si volvemos al pasado, que no será igual, estará adaptado a las circunstancias del momento, pero en el fondo está la amenaza de la pérdida de libertades y derechos.

La democracia no es solamente el derecho a elegir a los representantes políticos, es mucho más. Lo primero y fundamental es la existencia de un reparto de poderes, cada uno con sus competencias y limitaciones, que consta en una ley marco como es la Constitución, que también define un estado de derechos y libertades, todo lo contrario de las dictaduras. El poder ejecutivo propone proyectos de ley y los ejecuta tras su aprobación, tarea que corresponde al poder legislativo. El poder judicial controla que se cumplan las leyes aprobadas. Hasta aquí el entramado básico que compone el funcionamiento de un sistema democrático. Para esto es fundamental la independencia de cada uno de estos poderes, especialmente el judicial, encargado de la vigilancia y control de que se cumpla la legalidad vigente, y última instancia que garantiza los derechos.

En estos momentos ¿existe esta independencia del poder judicial necesaria para hacer creíble la democracia? Y si no cumple este concepto fundamental para el ejercicio de su función ¿Se puede hablar de que estamos en una democracia plena?

Es conocido que tradicionalmente en los jueces es mayoritaria su tendencia de derechas. Durante la transición los poderes del Estado se fueron transformando, pero el poder judicial no experimentó este cambio, los jueces de los tribunales  franquistas pasaron directamente a ejercer sus funciones en tribunales que juzgaban con las leyes de la democracia. Es decir, el marco jurídico ha cambiado radicalmente, pero los encargados de vigilar su cumplimiento no lo han hecho y continúan con sus fobias a lo que tradicionalmente han tenido como enemigo, la izquierda.

Es inaudito que los miembros de la judicatura se hayan manifestado pública y llamatívamente en la puerta de los juzgados contra proyectos de ley que abordaban la reforma necesaria y pendiente del funcionamiento del poder judicial, invadiendo claramente la competencia exclusiva del poder ejecutivo y condicionando con su postura al legislativo encargado de aprobarla. ¿Qué concepto de la democracia y de la división de poderes tienen lo que se manifestaron? La protesta desafiaba al poder ejecutivo, democráticamente elegido, y a la vez ponía de manifiesto su rechazo a que se reformara y se adaptara su funcionamiento a unos parámetros más democráticos.

El escandaloso funcionamiento de algunos jueces, con una tendenciosidad manifiesta en sus resoluciones contra el Gobierno y la izquierda en casos en los que con descaro ni siquiera se guardan las apariencias de justicia (como ocurre en los casos de los familiares del Presidente), dice claramente que las instituciones democráticas les importan muy poco, que su prioridad no es hacer justicia, sino favorecer los intereses de la derecha. Son conscientes que son el último poder al que se recurre y sus decisiones son incontestables.

La orden de movilización total de toda la derecha, dada por Aznar y el cumplimiento de esta orden por componentes del poder judicial, rebasa el conflicto político y pone en cuestión los fundamentos del sistema democrático. Lo que demuestra claramente que no son demócratas, que prefieren a toda costa y cueste lo que cueste, que gobiernen los suyos, aunque el sistema de libertades y derechos salte por los aires.

Es necesario que los demócratas denunciemos esta actitud y lo que conlleva, que no es sólo la aplicación tendenciosa de la justicia, sino que pone en peligro el Estado de Derecho. Defender la democracia se está convirtiendo en una tarea necesaria e ineludible para los que nos consideramos demócratas, por encima de los conceptos partidistas que cada uno tenga. Es muy importante lo que está en juego. La derecha  sí se ha unido, la llamada democrática, abandonando "sus principios", con  la neofranquista, en una estrategia muy peligrosa para la pervivencia de la democracia. De ahí la necesidad que los restos que queden del centro moderado y la izquierda democrática, deban ser conscientes de realizar un esfuerzo de entendimiento en orden a defender lo más importante en estos momentos, salvar la continuidad del nuestro sistema.