ESTA DERECHA NO ENTIENDE LA DEMOCRACIA
El Gobierno
del Partido Popular se propone modificar la
Ley Electoral para que en las próximas elecciones municipales los alcaldes sean
elegidos directamente por los ciudadanos aunque no obtengan la mayoría absoluta,
sólo sería necesario ser cabeza de la lista más votada. Esto evitaría, según el
PP, que se formalizaran pactos poselectorales entre el resto de las fuerzas
políticas con lo que se conseguiría una mayor gobernabilidad de los
Ayuntamientos y se evitarían los casos de corrupción.
A la espera
de conocer los detalles de esta propuesta, que aún no se han hecho públicos,
conviene hacer algunas reflexiones sobre el asunto.
La acción
política en un sistema democrático se basa fundamentalmente en el pacto y en
los acuerdos entre los partidos políticos y entre éstos y la sociedad. Las
leyes, normas y asuntos de interés, deben ser debatidos, discutidos y
enriquecidos entre todos. Esto tiene su razón de ser en que los partidos que no
han obtenido la mayoría, pero que también representan a los ciudadanos, puedan
aportar sus puntos de vista e introducir modificaciones a las propuestas de la
mayoría, siempre sobre la base de la representación conseguida. Es decir, en
democracia la ciudadanía es la base fundamental de la política, como está
expresado en nuestra Constitución en su artículo 2º.
Basándonos
en este principio, si varias fuerzas políticas deciden aliarse para gobernar,
con un programa pactado, no sólo es legítimo, sino más democrático porque
estarán gobernando en representación de la mayoría de los ciudadanos.
Contraviene este principio quien, sin alcanzar la mayoría absoluta, la consigue
por el hecho de ser la fuerza más votada, dejando a la mayoría de los
ciudadanos sin el legítimo derecho a que sus representantes gobiernen, si así
lo acuerdan.
El Partido
Popular tiene un serio problema. Al ser el único partido que representa a la
derecha en el Estado, le es muy difícil establecer alianzas con otras fuerzas
políticas. De ahí que para gobernar tenga que obtener mayorías absolutas, y
cuando lo consiguen suelen interpretarlo como poder absoluto, como por
desgracia estamos comprobando.
La lógica y
los datos desmienten que los gobiernos de coalición sean más corruptos. El
hecho de compartir las tareas de gobierno les hace ser más transparentes, por
el contrario, un gobierno único tiene más posibilidades de cometer
irregularidades y esconderlas a la oposición. Conviene recordar que las
dictaduras son los regímenes más corruptos que han existido y existen.
En una
democracia, si algo es obligado acordar entre todos son las reglas de juego, y
la más importante es la ley electoral. Es impensable que un solo partido se la
imponga a los demás porque siempre lo hará en beneficio propio y no pensando en
el interés general. A ningún partido con alma democrática se le ocurriría
tamaño disparate. Las encuestas sobre la pérdida de sus mayorías absolutas en
los principales Ayuntamientos, ha sido lo que ha impulsado al PP a cambiar la
Ley, nada importa que sea poco democrático. ¿A qué viene si no esa prisa por
cambiar la Ley unos meses antes de celebrarse las elecciones con el rechazo
unánime de todas las fuerzas políticas?
No es
posible que el PP lleve a cabo el despropósito de intentar sacar adelante una
Ley electoral sin apoyo de nadie y antes de la consulta electoral del próximo
mayo. Y aunque introduzca modificaciones sobre las disparatadas propuestas que
ha dado a conocer, ya no sería creíble para la ciudadanía.
Tal vez sea
necesario revisar la Ley Electoral y darle una mayor profundidad democrática,
pero eso conlleva un debate profundo y en el marco de reformas más amplias que
incluya modificar la Constitución para adaptarla a la nueva realidad de la
sociedad española. “Éste es un asunto muy complicado. Hay que hacer las cosas
bien y no hacer las cosas mal”, dijo Rajoy en la última reunión del PP, en
referencia a la modificación de la Ley Electoral. Pues eso.
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