EL DRAMA DE LA EDUCACIÓN

 

Habitualmente el comienzo del curso escolar trastoca el normal funcionamiento de la sociedad. Ocupa un lugar destacado en los medios de comunicación, cambia todo en la vida de las familias que tienen que adaptar su cotidianidad a los horarios y actividades de los menores de la casa, supone un esfuerzo económico para adquirir material escolar y la equipación para el nuevo curso. El transporte se ve incrementado y alterado por los desplazamientos de autobuses y coches particulares en horas punta. El comercio adapta su oferta a las necesidades de esas fechas. En definitiva la vida cambia. En algunos países el día que comienzan las clases se celebra como si fuera una fiesta. La sociedad entera siente que algo importante da comienzo, nada menos que reanudar el proceso de educar a sus menores. Es un fenómeno que se repite  afortunadamente cada septiembre.

Pero ningún padre, madre, educador o responsable político se había enfrentado jamás con la situación excepcional de este comienzo de curso. Ni existe memoria de que alguien lo haya hecho. El resultado se puede calificar de desconcierto. La alegría tradicional de otras ocasiones se ha transmutado en miedo. Miedo que galvaniza todo lo que se haga en los centros educativos y que altera los comportamientos habituales en el proceso educativo. Miedo a que los alumnos no sepan adaptarse a las nuevas condiciones impuestas. Miedo a que su aprendizaje se resienta gravemente en esta situación. Miedo a que se produzca un contagio y las consecuencias que conlleva.  El miedo está de sobra justificado porque lo que está en juego es nada menos que la vida.

Después está la incertidumbre, las dudas sobre cómo hay que actuar en el terreno de la logística y en el educativo. Hay que tener en cuenta que los alumnos llevan seis meses sin pisar un aula, que las materias correspondientes al tercer trimestre del curso pasado no se han impartido o no se ha hecho presencialmente, con lo que significa de improvisación en un procedimiento del que no se ha constatado su eficacia. Sin duda habrá que recuperar el trimestre perdido por las lagunas que puede producir en el aprendizaje del nuevo curso. Pero entonces el currículo de este año no se podrá impartir completo. Son circunstancias que lastran el ya de por sí anormal funcionamiento de este curso escolar.

Existen soluciones dentro de la situación especial que se atraviesa y todas pasan por desembolsar dinero. Lo primero es resolver la imposibilidad de que las aulas acojan al mismo número de alumnos que antes manteniendo las distancias de seguridad. Eso precisa el desdoblamiento, con el consiguiente aumento del número de maestros y profesores. Lo que significaría de paso una mejora indudable en la calidad de la educación. Eso supone dinero y sacar del paro a muchos profesionales de la enseñanza. Después está el material de uso por el alumno que debe ser personal  y olvidarnos del “préstamelo”, tan habitual en el aula. Más dinero. A lo que hay que añadir el acondicionamiento de los espacios comunes del centro, la limpieza, desinfección casi permanente y una larga lista de imprevistos que surgirán en una situación tan nueva como ésta.

Hasta ahora ha sido el sistema sanitario el que ha tenido que afrontar en primera línea la insólita situación que estamos viviendo. Lo ha hecho con una enorme responsabilidad, con recursos insuficientes, sin escatimar esfuerzos y ha tenido sus costes en salud y en vidas. Ahora les toca a los educadores unirse a los sanitarios en pisar esas zonas de riesgo, con la diferencia de que los primeros al hacerlo ejercen su profesión, los segundos pueden correr peligro pero su profesión no tiene nada que ver con la salud. Necesitan cumplir rigurosamente con todas las reglas y que les acompañe toda la suerte del mundo.

Mientras tanto qué se hace desde la responsabilidad político-administrativa. Lo primero que no se hace desde las autonomías competentes es destinar los recursos necesarios para afrontar esta situación. En Andalucía ya ha manifestado su Gobierno del PP y Ciudadanos, con apoyo de VOX, que no está dispuesto a desdoblar las aulas. Mascarillas y desinfectantes vale, pero dedicar recursos para contratar educadores y poder garantizar una educación de calidad,  eso no. La derecha nunca se ha interesado por el sector público, ya lo sabemos, pero en un caso tan extremo como el que vivimos se podía pensar que modificara algo su actitud, pero no, los principios se mantienen aunque se hunda el mundo. El sistema educativo está condenado a vivir en una angustia permanente, donde lo importante no es educar, sino sobrevivir.

Y a esto hay que añadir que la Educación en España se rige todavía por la  LOMCE del 2013, la Ley Wert, que impuso el PP durante el mandato de Rajoy, en contra de la opinión de todo el sector educativo y de las fuerzas políticas. Ese es el verdadero cáncer que afecta a uno de los pilares del Estado del Bienestar. La derecha y la Iglesia están dispuestos a que su ley dure todo lo que haga falta y se negará a consensuar otra, como siempre ha hecho y que  debe ser la de todos los españoles. Eso condena a la educación española a estar a la cola de los demás países. Pero poco importa porque los hijos de la alta burguesía que los vota estudian en colegios privados, realizan másteres en EE.UU., luego ocupan puestos relevantes en la dirección económica y política del país. A esta clase social le conviene una ley que enseñe lo suficiente para hacer buenos y creyentes trabajadores, sin que desarrollen una mente crítica capaz de poner en cuestión su status.

La pandemia pasará tarde o temprano y se superarán las dificultades de convivencia que nos ha traído, pero el mal de fondo de nuestro sistema educativo seguirá estando igual. Las fuerzas políticas progresistas podrán redactar y aplicar otra ley en la que prime más la calidad y la igualdad, pero sin poder contar con el consenso de la derecha que la volverá a cambiar en cuanto consiga de nuevo el poder. Tenemos la desgracia de que nos haya tocado esta derecha heredera de la Dictadura que solo ve una parte de España, la suya,  el resto no existe.